Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, expresó que frente al sombrío panorama del bloqueo, cuyas consecuencias son impredecibles, es urgente poner en marcha un dispositivo especial orientado a atender las situaciones más críticas que enfrentan los pobladores urbanos y rurales, en el marco de la Declaratoria del estado de emergencia social y humanitaria decretado por la administración municipal.

Fedepalma, comprometida con la defensa de la institucionalidad, hace un llamado al Gobierno Nacional para que adopte una posición firme tendiente al restablecimiento del orden público y seguridad ciudadana en la región, como requisito previo para cualquier compromiso que se pretenda adquirir.

Bogotá, 5 de julio de 2013

Un inmediato levantamiento del bloqueo ilegal de las vías principales y veredales que conducen al centro poblado del municipio de Tibú, Norte de Santander, el cual completa cuatro semanas, es el llamado del Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

El dirigente gremial expuso que como resultado del bloqueo, actualmente se presenta una verdadera emergencia humanitaria y social, evidenciada en la restricción al derecho a la libre movilidad de los ciudadanos, las limitaciones para que las personas enfermas puedan acceder a los servicios de salud, la falta de alimentos, combustibles, medicinas y otros elementos básicos de primera necesidad, ante la parálisis del comercio formal y la imposibilidad de muchos pobladores, principalmente rurales, de acudir a sus sitios de trabajo y obtener los ingresos para asegurar su manutención.

“Todo ello pone al descubierto un trato inhumano y cruel a los pobladores y la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de quienes, acudiendo a las vías de hecho, la intimidación y la amenaza, promueven y adelantan la protesta”, subrayó Mesa Dishington.

Dijo que para tal efecto es preciso disponer de los recursos del presupuesto nacional que permitan proveer de víveres y otros bienes de primera necesidad a los grupos sociales más vulnerables y mitigar, en parte, los daños ocasionados.

Insistió en que para restablecer el orden público y evitar una catástrofe económica y social de dimensiones incalculables, se requiere, en primera instancia, el levantamiento del bloqueo, como condición previa al establecimiento de las mesasde trabajo que se tienen previstas.

“Frente a esta perspectiva, cabe cerciorarse de la legitimidad que asiste a quienes se reivindican como voceros de la protesta, así como despejar cualquier duda en torno a las informaciones que los vinculan con actividades de cultivos ilícitos y más grave aún, a la injerencia directa de los grupos armados ilegales que han hecho presencia en la región de tiempo atrás”, argumentó el vocero gremial; al tiempo que consideró que “en este último caso, no entenderíamos que se lleve a cabo un ejercicio de negociación a escala local, cuando, por otro lado, se están adelantando las negociaciones de paz con las FARC en La Habana”.

Daños y pérdidas en la zona

Las actividades económicas en la zona están prácticamente colapsadas, con lo cual se carece de los recursos necesarios para que los ciudadanos de bien y las empresas puedan atender los compromisos laborales, crediticios, comerciales, con los proveedores, las asociaciones y todo lo demás que se requiere para la marcha normal de sus negocios.

En particular, en el sector agropecuario, las labores culturales de mantenimiento de los cultivos y su manejo sanitario, al igual que la cosecha, transporte y comercialización de insumos y productos se encuentran totalmente paralizadas ante la imposibilidad de los trabajadores, técnicos y propietarios de acceder a sus parcelas, las cuales han quedado en grave riesgo, con pérdidas que resultan cuantiosas e incalculables.

Jens Mesa Dishington le expuso al Presidente que cerca de 2.000 familias vinculadas a la actividad de la palma de aceite, en una superficie que supera las 18.000 hectáreas, propietarias de parcelas que en su mayoría oscilan entre 7,5 y 10 hectáreas, integradas a la cadena agroindustrial, encontraron en esta actividad una oportunidad de vida digna, principalmente a través de exitosos proyectos asociativos de sustitución de cultivos ilícitos, que han atraído igualmente a un número importante de medianos productores, en una zona tradicionalmente caracterizada por el conflicto armado y el abandono de la presencia estatal.

“Hoy en día estos campesinos se encuentran gravemente perjudicados, al verse obligados a suspender las operaciones en sus parcelas. Todo ello amenaza la sostenibilidad del patrimonio edificado con esfuerzo, responsabilidad y trabajo arduo, a la vez que vulnera la confianza del sector financiero que ha apalancado los proyectos palmeros, y pone en alto riesgo el desarrollo y puesta en marcha de importantes proyectos agroindustriales complementarios.

Medidas urgentes a tomar

La disminución de puestos de trabajo y la menguada capacidad de ahorro de los habitantes de la zona, sumada al lucro cesante, requieren la puesta en marcha de un programa de recuperación económica, consistente en apoyos directos que compensen las pérdidas de diverso orden registradas y la activación de líneas de crédito blando al comercio.

La pequeña industria que asiste principalmente la operación petrolera y las actividades agropecuarias necesitan de este apoyo para reponer el capital de trabajo, esto complementado con un aplazamiento del pago de cuotas de capital por obligaciones bancarias adquiridas, cuyas amortizaciones están previstas dentro de los próximos 12 meses, junto con la condonación de intereses y absteniéndose igualmente del reporte a las centrales de riesgo.

También se requiere adoptar un régimen de excepción frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los diversos contribuyentes de la región, puesto que, ante la proximidad de las fechas de pago establecidas por la DIAN, numerosas personas carecen de los recursos necesarios para cubrir sus tributos, a la vez que están impedidas para movilizarse y adelantar las gestiones respectivas.

Superada la coyuntura actual, es preciso movilizar el conjunto de la institucionalidad pública a escala nacional y territorial y poner en marcha un ambicioso programa de inversiones públicas en la zona, que corrija el grave rezago en la provisión de bienes y servicios públicos de diversa índole, al igual que de las infraestructuras física y vial requeridas, sentando las bases para un mejor aprovechamiento de la vocación, el potencial productivo y el capital social que caracterizan a esta región del país.

“En este sentido, el sector privado está llamado a hacer un aporte fundamental, contando con las experiencias exitosas en el desarrollo de negocios inclusivos por parte del sector palmero. En su misiva, el dirigente gremial advierte: “no podemos pasar por alto el hecho que entre los reclamos de quienes lideran y participan en el movimiento se encuentra la constitución de una zona de reserva campesina en el Catatumbo, ante lo cual debemos ser categóricos en manifestar que tal iniciativa debe ser evaluada en el marco de lo establecido al respecto en la Ley 160 de 1994, y las consultas previstas deben abarcar a todo el conglomerado social que, de manera directa e indirecta, resulte impactado por tal determinación”.

“Tampoco podemos soslayar el hecho que los proyectos productivos de la palma de aceite se han desarrollado bajo la amenaza y actos de sabotaje perpetrados por las organizaciones armadas al margen de la ley que tienen presencia en la región, para quienes el éxito de su proyecto subversivo, soportado en buena medida en los cultivos ilícitos, depende del fracaso de las actividades agropecuarias legales; lo cual resulta inadmisible a la luz del Estado de Derecho que nos rige”.

Por último manifestó: “Nos sentimos en la obligación de hacerle ver al Gobierno Nacional que la región del Catatumbo es fronteriza, y desde diversos puntos de la misma varios actores ilegales transitan hacia el vecino país, por lo que la preservación de la integridad de nuestro territorio y de la seguridad nacional resultan fundamentales. En este contexto, no sobra advertir que el municipio de Tumaco, en Nariño, puede llegar a afrontar una situación similar si no se adoptan oportunamente las acciones preventivas que fueren necesarias”.

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